¿Qué es una consulta popular y cómo impacta las reformas del Gobierno?
El presidente Gustavo Petro ha propuesto usar este mecanismo para lograr la aprobación de las reformas laboral y de salud.
Noticias RCN
07:56 p. m.
Las consultas populares son un mecanismo de participación ciudadana contemplado en el artículo 103 de la Constitución de Colombia. Su propósito es formular preguntas a la ciudadanía sobre temas de interés nacional o local para que la decisión tomada tenga carácter vinculante y obligatorio si se cumplen ciertos requisitos.
Trámite de una Consulta Popular en Colombia
- El presidente convoca la consulta, previo concepto favorable del Senado.
- El Senado tiene 20 días para emitir su concepto.
- La votación debe realizarse dentro de los 4 meses siguientes a la aprobación del Senado.
- Se requiere la participación de al menos un tercio del censo electoral y la aprobación de la mitad más uno de los votos.
- Si la consulta es aprobada, el Congreso debe tramitar las reformas dentro de la legislatura vigente.
- Si al finalizar la legislatura no se aprueban las leyes, el presidente puede decretarlas.
Otras cosas a tener en cuenta
- Las preguntas de la consulta deben tener respuesta de "sí" o "no".
- No pueden referirse a modificaciones de la Constitución ni al articulado de una ley.
- La consulta no implica la aprobación automática de ninguna ley.
El papel de las consultas populares en las reformas de Petro
El presidente Gustavo Petro ha propuesto usar este mecanismo para lograr la aprobación de las reformas laboral y de salud. Sin embargo, el exministro de Justicia Camilo Rojas ha explicado que, aunque la consulta popular puede expresar la voluntad ciudadana, no tiene la capacidad de aprobar leyes por sí misma.
"En este caso, el presidente de la República, por ser quien tiene la iniciativa, deberá contar con la aprobación del Congreso de la República. Y si estas juntas modifican la Constitución, también deberán tener control constitucional por parte de la Corte Constitucional", señaló Rojas.
Para que una consulta popular tenga efecto, debe contar con la participación de al menos el 33% del censo electoral. Si se alcanza este umbral y los resultados son positivos, la decisión se vuelve obligatoria, lo que significa que el Congreso, las asambleas o los concejos locales deben aprobar la legislación correspondiente en el siguiente periodo de sesiones. Si no lo hacen, el presidente, el gobernador o el alcalde podrán expedirla mediante decreto con fuerza de ley.
Contexto de consultas populares en Colombia a lo largo de la historia
Las consultas populares han sido ampliamente utilizadas en Colombia, especialmente en temas ambientales, extractivos y de autonomía territorial. Algunos de los casos más destacados incluyen:
Municipios como Cajamarca (Tolima), Cabrera (Cundinamarca) y Pijao (Quindío) han realizado consultas populares para prohibir la explotación minera y de hidrocarburos en sus territorios. En 2017, Cajamarca votó en contra del proyecto de extracción de oro La Colosa, de AngloGold Ashanti, marcando un hito en la defensa del medioambiente y los recursos hídricos.
Sin embargo, en 2018, la Corte Constitucional limitó el alcance de las consultas populares en temas extractivos, al determinar que no pueden prohibir proyectos de interés nacional, lo que ha generado incertidumbre sobre su efectividad.
Las consultas también han sido un mecanismo para la creación de nuevos municipios. Un caso emblemático es el de Barrancominas, que en 2019 se convirtió en municipio del Guainía tras una consulta popular. Estas decisiones buscan mejorar la autonomía istrativa y la distribución de recursos.
¿Cuál es el futuro de las consultas populares en Colombia?
A pesar de los límites legales, las consultas populares siguen siendo una herramienta clave de participación ciudadana. El debate sobre su alcance continúa, especialmente en temas de desarrollo sostenible y autonomía territorial.
En el contexto de las reformas propuestas por el gobierno de Petro, este mecanismo podría ser clave para medir el respaldo popular. No obstante, su aplicabilidad dependerá del cumplimiento de los requisitos legales y del papel que jueguen el Congreso y la Corte Constitucional en el proceso.
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