Cárcel a los responsables de la muerte de funcionaria de la Registraduría en Gamarra
Los hechos sucedieron en 2023. Además, a los responsables se les impuso una multa de más de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Noticias RCN
10:52 p. m.
A 60 años de cárcel fueron condenados tres de los responsables del asesinato de una funcionaria de las Registraduría en Gamarra, Cesar durante 2023. Se trata de Yuberlis Bermúdez Rubiano, Isaías Peña Oliveros y William Castro Torrado.
Los señalados fueron sentenciados por su responsabilidad en los hechos violentos registrados el pasado 28 de octubre de 2023 en la sede de la Registraduría Municipal de Gamarra, donde una funcionaria murió y otras seis personas resultaron gravemente heridas.
Los delitos por los que fueron condenados los responsables de la muerte de funcionaria de la Registraduría
La decisión judicial, emitida en primera instancia, los declaró culpables de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado e incendio, y les impuso además una multa equivalente a 210 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La pena deberá cumplirse en un establecimiento carcelario.
“En el curso del proceso se acreditó que, en medio de una manifestación por una decisión electoral que afectaba los intereses políticos de un candidato específico, varios ciudadanos ingresaron violentamente a la sede de la Registraduría de Gamarra y le prendieron fuego”, explicó la Fiscalía.
¿Cómo habrían ocurrido los hechos que dejaron una funcionaria de la Registraduría muerta?
Durante el juicio se demostró que Isaías Peña Oliveros y su esposa, Yuberlis Bermúdez Rubiano, ocultaron una pimpina de gasolina dentro de un coche de bebé, con el propósito de ingresarla al inmueble. Posteriormente, William Castro Torrado y otros hombres recibieron el combustible, el cual fue utilizado para provocar el incendio.
La conflagración dejó como saldo la muerte de una servidora pública y lesiones graves a seis personas más. La Fiscalía destacó la gravedad del caso, señalando que se trató de un acto deliberado y premeditado con consecuencias trágicas para los trabajadores de la entidad.
La condena no está en firme y contra ella proceden los recursos de ley, por lo que las partes aún pueden apelar.