Someternos a China no es el camino

La decisión del presidente Gustavo Petro de firmar una carta de intención para incorporar a Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida como la Nueva Ruta de la Seda, ha generado un intenso debate sobre el rumbo de la política exterior colombiana. Aunque el gobierno presenta esta iniciativa como un paso hacia la diversificación de las relaciones internacionales, la premura, la falta de transparencia y la ausencia de consulta con el sector privado, sumadas al contexto geopolítico global, sugieren que Colombia podría estar comprometiendo su autonomía en un juego de alto riesgo que podría beneficiar más a Beijing que a los intereses nacionales.

El vicecanciller Mauricio Jaramillo y la canciller Laura Sarabia defienden la decisión, argumentando que profundizar los lazos con China es una política de Estado de larga data, iniciada en la presidencia de Julio César Turbay en los años setenta. Según ellos, las críticas a la adhesión son “infundadas, oportunistas y contradictorias”. Sin embargo, esta defensa pasa por alto las profundas diferencias entre los os diplomáticos históricos y el compromiso actual, que implica alinearse con un proyecto chino de alcance global diseñado para expandir la influencia de Beijing, a menudo a expensas de la autonomía de los países participantes.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta no es un simple acuerdo comercial; es una estrategia geopolítica que busca consolidar el poder de China frente a Occidente, particularmente frente a Estados Unidos, el principal aliado comercial de Colombia. La crítica no radica en mantener relaciones diplomáticas con una superpotencia como China —algo que nadie sensato cuestiona—, sino en el riesgo de comprometer el futuro del país con un proyecto que podría generar tensiones con Washington y afectar la soberanía nacional a largo plazo. En un momento en que la istración estadounidense ha intensificado su retórica proteccionista, con advertencias sobre posibles sanciones a países que se alineen estrechamente con Beijing, la decisión de Petro parece más un desafío ideológico que una estrategia cuidadosamente meditada.

La falta de transparencia en el proceso agrava estas preocupaciones. La carta de intención se firmó sin consultar al sector privado, que desempeña un papel crucial en las exportaciones a Estados Unidos, principal destino de productos colombianos como café, flores y bananos. Además, la ausencia de claridad sobre los proyectos de infraestructura que se financiarían y los compromisos adquiridos genera incertidumbre. La experiencia de países como Sri Lanka y Pakistán, entre otros, que enfrentan deudas insostenibles tras participar en la Iniciativa, debería ser una advertencia para Colombia. Sin un debate público robusto y mayor claridad, el riesgo de caer en una trampa de deuda que limite la autonomía del país es significativo.

Recordemos que la canciller, cuya designación fue el resultado de oscuros favores políticos de campaña ha sido cuestionada por su falta de experiencia en política exterior. Por ello, Jaramillo, ha asumido la vocería ante las limitaciones diplomáticas de Sarabia, pero su defensa carece de solidez.

Recurre a un argumento simplista: si gobiernos anteriores, como los de Uribe, Santos y Duque, mantuvieron relaciones con China, las críticas actuales son injustas. Este razonamiento ignora que los acercamientos previos se limitaron a cooperación comercial, no a compromisos estructurales con implicaciones geopolíticas. Y cuando procura llevar su argumentación a lo técnico, apela a la “multipolaridad diplomática”, la cual suena bien pero no explica cómo Colombia evitará quedar atrapada en el fuego cruzado de las agendas de China y Estados Unidos arriesgándose a sanciones que destruirían, de materializarse, la economía y el tejido empresarial.

Lo más grave es que quienes criticamos las decisiones del gobierno petristas, ya no estamos hablando sobre supuestos o posibles escenarios. La visita de Petro a Beijing, en el marco del Foro China-CELAC, ha sido interpretada por Washington como un desaire, con reportes de posibles sanciones que acabarían la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo a las empresas chinas en Colombia, como las asociadas al Metro de Bogotá.

Priorizar alianzas con regímenes autocráticos sobre socios democráticos históricos plantea riesgos significativos, especialmente en un contexto donde la estabilidad económica y las relaciones comerciales con Estados Unidos son fundamentales para Colombia.

Colombia debe diversificar sus alianzas internacionales, eso es cierto, pero no a costa de su estabilidad económica ni de sus relaciones con socios históricos. El gobierno debe priorizar la transparencia, consultar al sector privado y garantizar que cualquier acuerdo beneficie a los colombianos, en lugar de servir únicamente a la agenda del gobierno de turno. Comprometerse con los intereses de China sin una estrategia clara no fortalece la soberanía, sino que arriesga el futuro del país.