Después de la COP16: ¿Qué tan en serio nos estamos tomando la biodiversidad?

En el Día Mundial de la Biodiversidad, es fundamental decirlo con claridad: Colombia no solo es uno de los países más biodiversos del planeta, también es uno de los más amenazados. Esta paradoja define el reto que enfrentamos.

Nuestro territorio alberga más de 80.000 especies registradas, más de 8.500 de ellas endémicas. Esta riqueza natural sostiene nuestra seguridad alimentaria, regula el clima, aporta a la salud y define el bienestar de millones de personas. Sin embargo, cada año perdemos más de 100.000 hectáreas de bosque. Son 293 hectáreas diarias que desaparecen ante nuestros ojos, muchas de ellas en regiones críticas como la Amazonía, el Chocó biogeográfico y el bosque seco tropical.

La COP16, celebrada en 2024 en Cali, dejó compromisos claros: proteger al menos el 30% de los ecosistemas para 2030, reducir la contaminación, movilizar financiamiento y reconocer a las comunidades guardianas. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Dónde están las políticas integrales, los mecanismos de control, las áreas protegidas efectivas y la financiación sostenida?

Aunque hay avances en lo normativo y ciertos anuncios en cooperación internacional, en el terreno la realidad es otra. Persisten las licencias mineras en ecosistemas estratégicos, los controles ambientales son débiles y el discurso político sigue priorizando lo urgente en términos económicos, mientras ignora lo vital en términos ecológicos.

La biodiversidad no es solo un patrimonio natural: es una aliada clave para enfrentar la crisis climática. Su destrucción amenaza no solo a especies emblemáticas como el jaguar, el delfín rosado o el oso andino, sino también a los pueblos indígenas y afrodescendientes, cuya cultura, saberes y formas de vida están intrínsecamente ligadas a la naturaleza. Su pérdida sería también la pérdida de nuestra memoria y nuestra identidad como nación.

La emergencia no es abstracta. La sufren las comunidades rurales y urbanas con escasez de agua, calor extremo, deterioro de la calidad del aire y enfermedades asociadas a la contaminación. No podemos seguir invisibilizando a quienes han cuidado estos ecosistemas durante generaciones. Su participación activa, libre e informada debe ser el eje de cualquier decisión.

Colombia necesita una hoja de ruta ambiciosa, vinculante y con enfoque territorial para detener la deforestación, especialmente en la Amazonía y el Pacífico. La próxima NDC debe incorporar la restauración de ecosistemas como una acción climática esencial que integre justicia ambiental, resiliencia comunitaria y protección de la vida.

Debemos crear nuevas áreas protegidas, garantizar el funcionamiento real de las existentes, y asegurar financiamiento directo a las comunidades para que sean protagonistas en la conservación. La transición energética no puede repetir la lógica extractivista: debe ser justa, respetar los límites planetarios y priorizar el bienestar colectivo por encima del lucro.

Proteger la biodiversidad no es un gesto simbólico ni una agenda verde decorativa: es una causa urgente de justicia, salud, equidad y supervivencia. La gran pregunta es si el Gobierno colombiano está actuando con la seriedad y el compromiso que este desafío exige.

No hay más tiempo para discursos. La biodiversidad es la base de todo futuro posible.

Laura Caicedo
Coordinadora de Campañas para Greenpeace Colombia