Procuraduría pide dar luz verde a la ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia
Gregorio Eljach firmó un documento en el que le solicita a la Corte constitucional declarar exequible la Ley 2385 de 2025: ‘No más olé’.
Noticias RCN
05:08 p. m.
En las últimas horas, la Procuraduría se pronunció frente a la demanda de inconstitucionalidad que fue radicada contra la ley ‘No más olé’. De acuerdo con los argumentos expuestos por los ciudadanos Christian Garcés y Jerónimo Antía, esta iniciativa vulnera el a la cultura, la libertad de expresión, el trabajo y la propiedad privada.
En un documento de 18 páginas, el procurador Gregorio Eljach, le solicitó a la Corte Constitucional darle luz verde a dicha ley:
La Procuraduría General de la Nación le solicita a la Corte Constitucional que declare la EXEQUIBILIDAD de la Ley 2385 de 2024.
¿Por qué piden declarar exequible la ley anti corridas de toros que ya fue sancionada?
Aunque la ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia ya fue sancionada por el presidente Gustavo Petro, establece un período de tres años para que los empresarios que dependen económicamente de la práctica taurina puedan hacer una reconversión de su actividad laboral.
Este periodo de tiempo permitiría la transformación de las plazas de toros en espacios culturales y deportivos.
Es importante señalar que la ley ‘No más olé’ no impide la crianza de toros de, sino su uso en espectáculos que recaen en el maltrato animal.
La ley es una expresión legítima del principio democrático y de la evolución cultural de la sociedad colombiana.
Procuraduría argumentó por qué no podría ser inconstitucional ley ‘No más olé’
Tras un análisis de la demanda, el Ministerio Público solicitó declarar exequible la ley que elimina las prácticas taurinas porque “se aporta a una transformación cultural mediante la prohibición de toros, rejoneo, novilladas, becerradas, y tientas, así como de los procedimientos utilizados en estos espectáculos, que socavan la integridad de formas de vida no humana”.
La Procuraduría señaló que el aval de la Ley 2835 “constituye una clara expresión de la libertad de configuración del legislador (…) que proscribe el maltrato animal en todas sus dimensiones, armonizando los derechos individuales con el interés general (…) el deber de protección y bienestar animal derivado de la dignidad humana, y la función social de los derechos a la propiedad y los derechos adquiridos”.
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