Corrupción bicameral

La reciente captura de Iván Name y Andrés Calle —expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente— es mucho más que una noticia escandalosa: es el reflejo de un Congreso profundamente podrido. Ambos fueron señalados por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), pero su caída no es un caso aislado ni accidental: es apenas la punta del iceberg.

Pensar que las dos máximas figuras de las cámaras legislativas están untadas por la corrupción no solo es indignante, es revelador. Devela (otra vez) una institucionalidad penetrada por intereses clientelistas, acuerdos turbios y arreglos que no solo garantizan favores, sino que aceleran reformas al antojo de quien tenga el poder —o el dinero— suficiente para comprarlas.

La “corrupción bicameral” no es un hecho puntual: es un sistema. Un mecanismo aceitado por décadas de impunidad, donde los congresistas son operadores políticos más interesados en asegurar contratos, burocracia y beneficios personales, que en legislar con rigor. Y lo más preocupante es que muchos de los nombres aún no han salido a la luz. Si lo de Name y Calle escandaliza, lo que vendrá debería estremecer aún más.

Esta “captura del Congreso” no es solo institucional, es social. Las reformas que se aprueban bajo el chantaje de cupos indicativos, puestos o contratos no son neutras: definen presupuestos, afectan derechos y moldean políticas públicas. Detrás de cada votación contaminada hay consecuencias reales: salud precarizada, educación desfinanciada, infraestructura amañada. La corrupción legislativa no es solo un delito, es una forma perversa de gobierno.

El Congreso colombiano ha venido perdiendo legitimidad a pasos agigantados. Su degradación es tan visible como vergonzosa. Y aunque algunos insistan en que lo de estos expresidentes es un ejemplo de justicia, también puede ser una jugada para ofrecer chivos expiatorios y frenar una investigación más profunda que comprometería a muchos más: aliados del gobierno, clanes regionales y partidos sin escrúpulos.

Esta no puede ser una crisis que pase de largo. Si no se actúa con responsabilidad y profundidad, en 2026 muchos de los que hoy están cuestionados volverán con nuevos lemas, pero con las mismas prácticas. La lucha contra la corrupción en el Congreso exige más que capturas simbólicas: requiere voluntad política, sanción real y una ciudadanía que no normalice lo inaceptable.