Imputan cargos a director del Idiger por irregularidades en contratación

Guillermo Escobar Castro, director general del Instituto de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá (Ididger), fue presentado ante un juez por la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en un contrato de prestación de servicios celebrado en el marco de la declaratoria de calamidad pública por la pandemia de coronavirus.

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Según el ente acusador, dicho contrato cuyo valor asciende a 3.036 millones de pesos, se llevó a cabo en abril de 2020 y pretendía ubicar 15 albergues temporales con capacidad para 50 personas en condición de vulnerabilidad, que no tuvieran un sitio para pasar el aislamiento obligatorio decretado en la capital.

Adicionalmente, contemplaba la entrega de elementos de aseo y alimentos, además de acompañamiento psicológico y médico para los beneficiarios.

Al parecer, Escobar habría desconocido los principios de transparencia y planeación, esto obedece a que no tuvo en cuenta a otras entidades en el proceso de contratación, y supuestamente direccionó el contrato hacia una institución específica.

La Fiscalía agregó que existen indicios de que el director del Idiger habría “pasador por alto parámetros definidos en el Manual de Procedimiento de Contratación.

Por lo anterior, un fiscal de la Unidad de Delitos contra la istración Pública de la seccional Bogotá imputó Guillermo Escobar los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, sin embargo, el funcionario no aceptó los cargos.

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Funcionaria de la Secretaría de Salud de Bogotá y su esposo a la cárcel

Por otra parte, la Fiscalía judicializó a la funcionaria de la Secretaría de Salud de Bogotá y su esposo, también por presunto direccionamiento de contratos por $3.000 millones.

“Una fiscal de la Seccional Cali, con apoyo de la Dirección Especializada contra la Corrupción, judicializó a Pilar Alexon Contreras Erazo, quien para el momento de la captura se desempeñaba como subdirectora de contratación de la Secretaría de Salud de Bogotá; y a su esposo Carlos Arturo Flores Carreño, como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y concusión”, anunció el ente acusador.

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El caso se relaciona con la posible ejecución de eventos de corrupción, cinco en el Cenac y uno en la Secretaría de Salud de Bogotá. Por este motivo, un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los dos investigados, al considerar que podrían continuar con la actividad delictiva y obstruir a la justicia.

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