¿Puede o no el Gobierno Nacional imponer su plan ambiental en la Sabana de Bogotá?
Expertos advirtieron que la resolución del Ministerio de Ambiente podría vulnerar la autonomía territorial.
Noticias RCN
01:32 p. m.
La controversia por el plan de ordenamiento ambiental para la Sabana de Bogotá sigue creciendo y plantea una pregunta clave: ¿tiene el Gobierno Nacional la facultad legal para imponer esta medida sin concertación con los entes territoriales?
Juristas han advertido que la resolución impulsada por el Ministerio de Ambiente podría no solo desconocer fallos judiciales previos, sino también generar inseguridad jurídica, litigios prolongados y efectos negativos en la planificación del territorio.
El proyecto, que fue dejado por la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, busca establecer lineamientos ambientales para la región, lo que afectaría directamente el desarrollo urbano, la oferta de vivienda, la prestación de servicios públicos y proyectos estratégicos como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del río Bogotá.
No obstante, desde la Alcaldía de Bogotá y sectores jurídicos han cuestionado su legalidad, argumentando que el Gobierno Nacional no puede imponer unilateralmente un modelo de ordenamiento sobre territorios que tienen autonomía para definir su planificación.
¿Puede o no el Gobierno imponer su plan ambiental en la Sabana de Bogotá?
El debate legal gira en torno a si la resolución puede ser considerada jurídicamente válida y, en caso de ser demandada, qué instancia tendría la competencia para pronunciarse sobre su legalidad.
De acuerdo con expertos, actualmente el documento no tiene efectos jurídicos definitivos, lo que significa que aún no es susceptible de una acción legal.
Sin embargo, si se llegara a concretar, las demandas contra la medida tendrían que ser resueltas por la jurisdicción contencioso-istrativa, es decir, por un tribunal o incluso por el Consejo de Estado.
El exviceministro de Justicia, Camilo Rojas, advirtió que la falta de claridad en la aplicación de esta resolución genera un alto riesgo de inseguridad jurídica, lo que podría traducirse en una cascada de litigios y un impacto negativo en la inversión y el desarrollo de la región.
La inseguridad jurídica eleva el riesgo de litigios prolongados y genera costos legales y retrasos significativos que podrían desalentar inversiones y complicar el financiamiento de nuevos proyectos de desarrollo. Por lo tanto, es urgente revisar estas medidas a través de la jurisdicción de lo contencioso-istrativo.
A su vez, el abogado penalista Francisco Bernate aclaró que, desde el punto de vista jurídico, estas nuevas disposiciones solo se aplicarían a futuro y no tendrían carácter retroactivo, lo que significa que los proyectos aprobados bajo normativas anteriores no podrían ser afectados por la resolución.
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Estas normas no son ni retroactivas ni retrospectivas. Las personas que tengan una situación consolidada conforme a una normativa anterior se siguen rigiendo por esa misma normativa.
Sin embargo, hay quienes consideran que la medida podría ser inconstitucional, ya que podría vulnerar la autonomía territorial de Bogotá y los municipios de la Sabana.
El abogado constitucionalista Germán Calderón afirmó que la resolución contradice principios fundamentales de la Constitución, que garantizan la independencia de los entes territoriales en la toma de decisiones sobre su propio desarrollo.
Es abiertamente inconstitucional porque viola la autonomía territorial constitucional, que es un principio que no le permite al Gobierno Nacional entrometerse en asuntos propios de los entes territoriales como es el Distrito Capital.
El pronunciamiento del alcalde Galán y la postura del Distrito
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha sido uno de los principales opositores a la resolución y ha manifestado públicamente que el Gobierno Nacional no tiene la potestad para imponer un modelo de ordenamiento ambiental sin la participación de los gobiernos locales.
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“La forma como fue construido este proyecto de resolución viola la ley y las sentencias de la Corte Constitucional”, afirmó Galán.
Según el mandatario distrital, la medida impone condiciones impactarían proyectos estratégicos relacionados con la planificación urbana, la oferta de vivienda y la prestación de servicios públicos.
Le solicitamos al Ministerio de Ambiente que retire este proyecto de resolución, que no lo expida, y que abra un proceso de diálogo que sí cumpla la ley, que tenga en cuenta a los entes territoriales, a Bogotá, a los municipios, a la Gobernación y a la ciudadanía.
Desde la Alcaldía argumentan que, si bien están de acuerdo con la necesidad de adoptar medidas para mitigar el impacto ambiental en la Sabana, estas deben ser concertadas con los gobiernos locales y no impuestas desde el nivel central.
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