Procuraduría formuló cargos contra exvicepresidentes de Colpensiones por irregularidades en contratos
La Procuraduría General de la Nación, a través de un comunicado, confirmó que presentó un pliego de cargos contra los exvicepresidentes de Gestión Corporativa de Colpensiones.
Noticias RCN
04:53 p. m.
La Procuraduría General de la Nación, a través de un comunicado, confirmó que presentó un pliego de cargos contra los exvicepresidentes de Gestión Corporativa de Colpensiones.
Procuraduría profirió pliego de cargos contra exdirectivos de Colpensiones
Se trata de María Elisa Morón Baute (2019-2024) y Wilson Fernando Melo Velandia (2023), por presuntas irregularidades en la autorización de adiciones contractuales que superaron el 50 % del valor inicial, incumpliendo la normativa de contratación estatal.
Según el documento, los exfuncionarios habrían aprobado modificaciones a dos contratos que sobrepasaron el límite legalmente establecido.
“La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra los exvicepresidentes de Gestión Corporativa de Colpensiones, María Elisa Morón Baute (2019 - 2024), y Wilson Fernando Melo Velandia (2023), por autorizar adiciones superiores al 50 % del valor inicial de dos contratos de prestación de servicios, porcentaje prohibido por la Ley de Contratación”, se lee en el documento.
Primer caso: Ambos exvicepresidentes firmaron otrosíes que incrementaron el valor de un contrato inicial de 41.296 millones de pesos, destinado a la vinculación de personal para el Centro de Atención Telefónica de Colpensiones. Las modificaciones acumuladas superaron el 50 % permitido.
Segundo caso: María Elisa Morón Baute autorizó dos otrosíes adicionales a un contrato de 32.700 millones de pesos, relacionado con la incorporación de trabajadores en misión mediante empresas de servicios temporales. Estos incrementos también excedieron el límite legal.
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Pliego de cargos contra exdirectivos de Colpensiones
Según la Procuraduría, estos actos podrían constituir una vulneración al principio de moralidad istrativa, ya que los funcionarios presuntamente comprometieron recursos públicos sin respetar los topes establecidos en la Ley de Contratación Estatal.
El organismo de control considera que esta conducta representa una falta grave cometida con culpa grave, debido a que los implicados tenían la responsabilidad de garantizar el correcto uso de los fondos y el cumplimiento de las normativas vigentes.
El proceso disciplinario avanza, y se espera que la Procuraduría determine las sanciones correspondientes en caso de comprobarse la responsabilidad de los exfuncionarios.
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