Corte Constitucional solicitó pruebas clave del escándalo de la UNGRD para revisión de la reforma pensional
Las pruebas solicitadas por la Corte Constitucional serán adjuntadas al estudio de la legalidad de la Reforma Pensional.
Noticias RCN
07:15 p. m.
La Corte Constitucional pidió a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación suministrar todas las pruebas que se obtengan en el avance de las investigaciones relacionadas con el escándalo de corrupción de la UNGRD.
Corte pidió pruebas clave en el escándalo de la UNGRD
Esto, para ser adjuntadas al estudio de la legalidad de la Reforma Pensional aprobada en 2024.
La decisión fue adoptada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien tramita la demanda interpuesta contra la Ley 2381 de 2024.
La reforma, que creó un nuevo sistema de protección social para la vejez, es cuestionada por presuntas irregularidades en su trámite legislativo.
El requerimiento surge a raíz de recientes hechos judiciales que involucran a congresistas, exfuncionarios y altos del Gobierno, vinculados a presuntos pagos ilegales que habrían facilitado la aprobación de proyectos clave del Ejecutivo, entre ellos la reforma pensional y la reforma a la salud.
Entre los elementos solicitados por la Corte figuran documentos relacionados con la captura del senador Iván Name y del representante a la Cámara Andrés Calle, ambos expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes.
También se pidieron registros judiciales sobre Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, ya condenado tras aceptar su responsabilidad en los hechos.
La Corte también solicitó interrogatorios, medidas de aseguramiento y declaraciones de varios funcionarios, incluidos asesores del Ministerio de Hacienda, exdirectivos del Departamento istrativo de la Presidencia, exministros y otros congresistas investigados por supuestamente recibir sobornos.
“Copia de las declaraciones de los congresistas y de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público: Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz. 3. Copia de las declaraciones de las asesoras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, María Alejandra Benavidez y Andrea Carolina Ramírez Olivera”, se lee en el documento.
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Según los autos judiciales citados, los sobornos habrían sido canalizados a través de la UNGRD con recursos públicos, buscando asegurar la aprobación de reformas o la expedición de partidas presupuestales.
Algunas de las declaraciones indican que la operación habría sido organizada desde altos niveles del Ejecutivo.
La Corte aclaró que toda la documentación remitida será tratada con estricta reserva, dada su vinculación con investigaciones en curso. Asimismo, se garantizó que dicha información no será divulgada ni compartida con las partes del proceso mientras conserve carácter reservado.
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