Llegó la hora de defender a Colombia

Los temerarios llamados y amenazas del presidente de la República a socavar el Estado de Derecho han entrado en una etapa de materialización que debe poner en alerta a las instituciones y a todos los colombianos. Los chats de Armando Benedetti con el presidente, el hundimiento de la Consulta Popular y el agresivo discurso del mandatario en Barranquilla revelan un gobierno que se alista para un paro nacional o huelga, concebida como un arma coercitiva para presionar al Congreso, las Cortes y desafiar la Constitución.

En Bogotá y otras ciudades del país ya se observan los primeros bloqueos, no protagonizados por el pueblo, sino por encapuchados similares a los que generan desmanes semanales en universidades públicas. El reciente arresto de un agitador en la Universidad Pedagógica sugiere que estos individuos, presuntamente financiados por grupos de extrema izquierda o guerrilleros, forman parte de una estrategia orquestada para desestabilizar.

Este escenario no es nuevo, pero sí profundamente alarmante. La combinación de discursos incendiarios y acciones callejeras busca debilitar las instituciones democráticas y consolidar un poder autoritario que desprecia el equilibrio de poderes. La polarización, alimentada desde el Ejecutivo, fractura a la sociedad y erosiona la confianza en nuestra democracia, imperfecta pero resiliente.

Más allá de las vías de hecho promovidas por el gobierno, preocupa la amenaza, expresada por Benedetti, de imponer la Consulta Popular mediante decreto si el Congreso y la Rama Judicial no ceden ante un segundo Proyecto de Ley. Esta acción no es menor: desconocer el proceso legislativo y las decisiones de las Cortes sería un golpe directo a la Constitución de 1991.

El hundimiento del primer Proyecto de Ley para la Consulta Popular, que requería el visto bueno del Senado conforme a la Ley, imposibilita legalmente este mecanismo de participación ciudadana. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han sido claros: el respaldo del Senado es un requisito indispensable. Sin embargo, el gobierno insiste en radicar un segundo proyecto con preguntas adicionales, argumentando que esto lo hace diferente. Esto es falso. La Ley 5 de 1992, que regula el funcionamiento del Congreso, establece que un proyecto hundido en Comisión o Plenaria no puede presentarse nuevamente en la misma legislatura, independientemente de modificaciones cosméticas. En esencia, el segundo proyecto es idéntico al primero, por lo que su radicación es jurídicamente inviable.

Este debate, aunque técnico, es crucial. El gobierno aprovecha la confusión para maniobrar políticamente, presentando una falsa dicotomía entre el “clamor del pueblo” y las instituciones. Petro ha reiterado que el pueblo está por encima de la ley, una narrativa populista que desconoce la Constitución y amenaza el Estado de Derecho.

La defensa de Colombia exige una respuesta contundente. Las Cortes y el Congreso deben mantenerse firmes como garantes del equilibrio de poderes. La Corte Constitucional, con su historial de frenar abusos de poder, tiene un rol clave. Pero la responsabilidad no recae solo en las instituciones. Los ciudadanos, gremios, estudiantes y empresarios debemos unirnos para rechazar cualquier intento de desestabilización. La prensa libre y la sociedad civil deben actuar como vigías, denunciando maniobras y exigiendo transparencia.

No podemos permitir que las protestas legítimas sean secuestradas por quienes promueven el caos. El gobierno debe garantizar el derecho a la protesta pacífica, pero también proteger a la ciudadanía de la violencia política. Colombia ha superado crisis peores gracias a su resiliencia. Hoy, la unidad es nuestra mayor fortaleza. Defender el Estado de Derecho no es solo un deber institucional, sino un compromiso colectivo. Es hora de alzar la voz y proteger nuestra democracia con decisión y valentía. Ante el autoritarismo, la respuesta debe ser democrática, siempre democrática.