Trump critica a la Corte Suprema por bloquear deportación de migrantes con ley de 1798

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este viernes 16 de mayo contra la Corte Suprema, luego de que el máximo tribunal del país bloqueara su intento de expulsar migrantes bajo la Ley de enemigos extranjeros de 1798.

Según Trump, el fallo le impide cumplir con una de sus principales promesas de campaña: la deportación masiva de migrantes en situación irregular.

“La Corte Suprema no me permite hacer aquello para lo que me han elegido”, escribió Trump en su red Truth Social, tras conocer la decisión.
¿Qué decidió la Corte Suprema?

En un fallo de 7 votos contra 2, los jueces supremos determinaron que los migrantes detenidos deben recibir notificaciones con más tiempo para apelar su expulsión. Esto afecta directamente los intentos del Gobierno de Trump de deportar rápidamente a grupos de migrantes, algunos de ellos identificados como presuntos de la organización Tren de Aragua, declarada como terrorista por Washington.

El tribunal subrayó que las deportaciones no pueden hacerse con apenas 24 horas de anticipación, sin dar a los afectados tiempo ni información suficiente para ejercer su derecho al debido proceso.

¿Qué es la Ley de enemigos extranjeros de 1798?

Se trata de una antigua normativa que permite expulsar del país a ciudadanos de naciones consideradas enemigas en tiempos de guerra. Aunque rara vez se ha aplicado en la historia moderna, Trump ha intentado revivirla como herramienta legal para acelerar deportaciones.

Sin embargo, varios jueces federales han cuestionado su constitucionalidad, y el uso de esta ley para deportaciones sumarias ha sido bloqueado en múltiples cortes.

Críticas y preocupaciones

Trump calificó la decisión como un “día malo y peligroso para Estados Unidos”, asegurando que ahora “los peores asesinos, narcotraficantes y pandilleros no pueden ser expulsados sin largos y costosos procesos”.

No obstante, expertos legales señalan que la ley migratoria estadounidense ya contempla mecanismos para la deportación, sin necesidad de aplicar leyes del siglo XVIII. La Corte pidió a tribunales inferiores revisar con urgencia el caso, reconociendo que deben equilibrarse la seguridad nacional y los derechos constitucionales.