Procuraduría abrió investigación disciplinaria al canciller Leyva por presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes

La Procuraduría General de la Nación anunció que abrirá una investigación disciplinaria al canciller Álvaro Leyva Durán por presuntas irregularidades en la suspensión de la licitación para el suministro de pasaportes en el país.

Las acciones del Ministerio Público también recaen sobre el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, por las supuestas fallas que hubo en la declaración desierta del proceso de contratación.

La Sala Disciplinaria de la Procuraduría señaló que la decisión de los funcionarios de declarar desierta la licitación pública para la expedición del documento, habría vulnerado varios de los principios de la contratación estatal.

Además, la entidad advirtió que Leyva y Salazar habrían vulnerado los principios de transparencia, economía y responsabilidad, al suspender el proceso para contratar a la empresa que prestaría los servicios de elaboración y suministro de pasaportes.

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Como parte de esta actuación disciplinaria, la Procuraduría solicitó recolectar las pruebas necesarias para determinar "la ocurrencia de la conducta y establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad".

Contratación directa para suministro de pasaportes

Este 19 de septiembre, la Cancillería informó que abriría una nueva licitación con adjudicación directa para el suministro de pasaportes en el país. “Las personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras que acrediten experiencia y capacidad logística, técnica y financiera, pueden pedir información en el correo electrónico: [email protected]”, se lee en un comunicado de la entidad.

El anuncio se dio luego de que Thomas Greg & Sons, la compañía que presta el servicio actualmente y que figuraba como única oferente en el proceso de licitación, calificara de ilegal la determinación de Álvaro Leyva y asegurara que interpondría acciones legales contra el canciller.

Cabe recordar que el contrato con la compañía inglesa está vigente hasta el próximo 2 de octubre, por lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró estado de urgencia manifiesta por 12 meses, con lo que buscarían garantizar la continuidad en la expedición de este documento.

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Aunque Thomas Greg & Sons, ha estado a cargo del suministro de pasaportes en el país por 17 años, el Gobierno pide que haya más de un oferente en el proceso, pues en la mayoría de ocasiones TGS ha sido la única compañía que cumple a cabalidad con los requisitos. 

Otras empresas que participaban del proceso han denunciado que el pliego de condiciones estaba hecho a la medida de TGS.