¿Es legítimo que el Gobierno convoque una protesta contra el Congreso?

El Gobierno convocó un paro nacional y manifestaciones en las calles este 28 y 29 de mayo para apoyar reformas que actualmente se debaten en el Congreso de la República, generando controversia sobre el uso de recursos públicos y la separación de poderes.

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Mientras el derecho a la protesta es reconocido como legítimo en una democracia, surgen cuestionamientos sobre la estrategia del ejecutivo de movilizar a la ciudadanía contra decisiones del legislativo.
En la Mesa Ancha los invitados analizaron el tema y consideraron que esto podría socavar la independencia entre las ramas del poder público.

Alejandro Rivera, invitado analista, aseguró que “en una democracia es normal que la gente se movilice por las reivindicaciones que cree son justas para mejorar sus condiciones de vida. Tienen que hacerlo de manera pacífica sin dañar la infraestructura y exigiendo las consignas por las que salen (…) por lo que hoy convoca el presidente a la gente a la calle, se está tramitando en otro órgano del poder público que es el poder legislativo, donde se están sacando adelante estas reivindicaciones. Marchar es legítimo, pero la gente no se puede confundir marchando por algo que en otro espacio de la democracia se está evadiendo y avanzando”.

Adicional a esto, agregó que lo que se está viendo actualmente es cómo el presidente Gustavo Petro cada vez apela a la calle como un mecanismo electoral para el 2026, que le permite camuflar los resultados que no ha logrado en temas de gestión pública y por eso apela.

“Lo que yo veo es que cada vez tiene un respaldo minoritario en las calles, no como antes y a la gente no se puede engañar, a la ciudadanía no se puede instrumentalizar y se está haciendo un uso inadecuado del poder constituyente, que es cuando a la gente se necesita llamar a la calle para profundizar la democracia cuando no se logra realmente materializar sus derechos”, añadió.

Por su parte, el analista Julio Iglesias cuestionó cómo se entiende que sea el mismo Gobierno Nacional el que esté animando a un paro nacional.

Esto, argumentado a que esto podría interpretarse como un intento de "arrodillar una de las ramas del Estado y acabar con esa división de poderes, que es clave para la democracia.

“El asunto acá es que el presidente no es cualquier ciudadano. Ahora lo diferente es que es la cabeza de uno de los poderes públicos, de la rama ejecutiva (…) es una rama del ejecutivo, una rama del Estado colombiano protestando contra otra, usando recursos públicos para atacar otra rama del poder público. Aquí es el Estado contra el Estado. Y esto es muy grave en términos institucionales y en términos de independencia de poderes, porque acá al final lo que está buscando el Gobierno es lograr arrodillar una de las ramas del Estado y acabar con esa división de poderes, con esa independencia, que es clave para la democracia”, detalló Iglesias.

El debate se intensifica aún más ante la posibilidad de que el Gobierno convoque por decreto una consulta popular sobre las reformas, luego de que esta iniciativa no prosperara en el Congreso.

“Las consultas populares son una herramienta de la constitución política del 91 que permite profundizar la democracia y es apelar al constituyente primario, al ciudadano para tomar decisiones. Lo que no podemos es tener una consulta hoy en el debate electoral que se viene en el 2026 para que el presidente y su sector político haga campaña con los recursos públicos y más cuando se viene debatiendo y avanzando en la reforma. Yo creo que esto rompe con el principio de colaboración armónica del artículo 113 de la Constitución Política de Colombia, que dice que las ramas del poder público deben trabajar de manera armónica para sacar los diferentes temas. Entonces yo creo que las consultas son buenas”, añadió Rivera.

Cabe mencionar que en el centro de esta controversia está la reforma laboral que se tramita actualmente en el legislativo. Mientras algunos ven avances en la recuperación de derechos laborales, otros advierten sobre posibles efectos negativos en la informalidad y el empleo.

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Para Alejandro, "lo que hoy se está recuperando en el Congreso de la República fue lo que el uribismo le quitó en el 2002, que eran los derechos de los trabajadores con la promesa de mejorar el empleo, de generar más productividad. Entonces yo creo que la reforma hoy lo que reivindican los trabajadores que puedan tener los derechos que necesitan para aumentar su ingreso y poderte una mejor calidad de vida. Pero veo que la reforma le falta algo muy importante y es que no toma a ese 57% de la población que hoy está en la economía popular, que lo puede afectar porque no pueden contratar trabajadores de manera formal con los derechos que tiene todo trabajador”.

Iglesias por su parte, indicó que esto “podrá ser una derrota política del Gobierno (...) de todas maneras es una victoria ideológica porque las ideas subyacentes están expresadas ahí prácticamente, salvo algunas diferencias relativamente menores. Es la misma reforma que ha presentado el Gobierno y es una reforma que le da la espalda a la realidad. La realidad es que la mayoría de los trabajadores del país no va a cambiar. Y diría yo va a empeorar producto de la reforma laboral que se propone en el Congreso, porque aumenta los incentivos para que haya informalidad”.

A pesar de las diferencias, el proceso legislativo ha mostrado cierto nivel de consenso entre diferentes sectores políticos. Sin embargo, persisten dudas sobre el impacto real de la reforma en la mayoría de los trabajadores colombianos, especialmente aquellos en la economía informal.