Choque entre Gustavo Petro y Margarita Cabello: ¿se queda la Procuraduría sin funciones?

El rifirrafe que viven actualmente el presidente de la República, Gustavo Petro, y la procuradora general, Margarita Cabello, ha desatado un debate político entre la institucionalidad colombiana.

Por medio de una carta de más de 20 páginas, el presidente Petro aseguró que no acataría el requerimiento de suspender por tres meses al alcalde de Riohacha, José Emilio Bermúdez, por presuntas irregularidades en contrataciones.

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Según el mandatario, esta orden estaría violando los derechos políticos de los funcionarios elegidos por el voto popular amparados en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Ni reúne las exigencias mínimas de los estándares convencionales fijados por la Corte IDH en sus precedentes. Lo que hace imposible que se proceda a expedir el acto de ejecución o cumplimiento solicitado por la autoridad istrativa, en cuanto se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente”, expresa la carta.

¿Qué respondió la procuradora?

En respuesta al presidente Petro, la procuradora ha aseguró que ese tipo de decisiones que toma el órgano de control están avaladas por la Corte Constitucional.

“La Corte Constitucional indicó que la Procuraduría mantiene la competencia para sancionar a funcionarios electos popularmente (...) No estoy chocando con nadie, yo hablo de lo que dice el ordenamiento jurídico colombiano", explicó este viernes 28 de julio Cabello en entrevista con La FM de RCN Radio.

¿Se queda sin funciones la Procuraduría?

Toda esta situación ha generado una desinformación a nivel institucional sobre las funciones y los actos que puede ejercer la Procuraduría y que ha venido adelantado durante años, esto por la desautorización del presidente.

Sobre el caso, la socióloga y analista Juana Afanador aseguró que esta situación no se va a arreglar teniendo en cuenta las facultades que tiene la Procuraduría y al mismo tiempo lo que establece la CIDH.

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“Lo que deja es una puerta abierta porque este tipo de debates no se van a solucionar. Sí se necesita un fallo de un juez penal para poder hacer lo que la Procuraduría espera y quiere hacer, es un tema de tensión entre las mismas instituciones, la normativa de las instituciones”, explicó Afanador.

La analista reiteró que existe una especie de limbo jurídico porque ambas partes están reglamentadas: “Está el derecho a ser elegido y el derecho a elegir, este debate trae como consecuencia una apertura aún más de preguntas. Tiene que haber una manera de llegar a un acuerdo”.

Por su parte, el docente y consultor Carlos Andrés Arias, coincidió y aseguró que la situación traerá más problemas en la relación y las decisiones institucionales, particularmente por las acciones que podría ejecutar la Procuraduría.

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“Representan un problema de institucionalidad y de estabilidad jurídica para muchos de los funcionarios públicos que hoy están siendo investigados. Esas diferencias generan mayor profundidad en la incertidumbre de la institucionalidad y las garantías que tienen los órganos de control”, explicó Arias.