Las alertas de Procuraduría por la millonaria adjudicación del acueducto de Riohacha

Mediante un oficio conocido por NoticiasRCN.com enviado al alcalde José Ramiro Bermúdez, el ente disciplinario advierte que no se tiene claro el análisis de los servicios públicos en la ruralidad y se desconocen ordenes impartidas por la Corte Constitucional para la protección wayúu, las cuales estarían siendo dejadas de un lado si se adjudica la millonaria licitación.

Sin duda, el departamento de la Guajira ha sido ampliamente golpeado por la corrupción de sus mandatarios y los recursos. No en vano siempre tiene la vigilancia de los entes de control para que cada peso invertido sea acorde a la normatividad vigente y sobre todo a la ley.

La Procuraduría tiene las alarmas prendidas por presuntas irregularidades que podrían desembocar en líos de tipo disciplinario como lo deja por sentado en un documento enviado a la Alcaldía de Riohacha “en ejercicio de la función preventiva y con el fin de evitar la ocurrencia de hechos que puedan amenazar el adecuado ejercicio de la función pública y en esencial, la eficiente y correcta prestación del servicio público en el distrito de Riohacha” dice el documento.

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Uno de los riesgos advertidos por el Ministerio Público es la expansión de redes de alcantarillado en distintas comunidades de Riohacha que viven en medio de aguas negras empozadas.

“A pesar de que al final de las mesas técnicas, el alcalde anunció el pronto reinicio de las obras, no informó sobre una sanción impuesta a la istración municipal por el Departamento Nacional de Planeación que generó, además de multas, la desaprobación del proyecto y el reintegro al Sistema General de Regalías, de $28.039.276.144.00 correspondientes al valor total girado para la financiación del proyecto” dice la Procuraduría.

Otra situación de alarma tiene que ver con que la istración municipal de Riohacha no incluyó dentro del proyecto a las comunidades wayúu ubicadas en zonas urbanas y rurales del municipio, lo cual incrementa el riesgo de incumplimiento de las disposiciones de la Corte Constitucional adoptadas en materia de protección de las comunidades indígenas en La Guajira.

“La istración afirma haber incluido dentro del proyecto población indígena, concretamente la existente en el casco urbano del Distrito, debemos insistir que ello no es suficiente, ya que se continúa dejando por fuera del proyecto a la amplia población Wayuu que habitan la zona rural dispersa del distrito, situación que continúa generando alarma en este órgano de control” precisa el documento.

Los riesgos en el proceso licitatorio

El Ministerio Público advierte que una de sus principales preocupaciones es el modelo financiero y el proceso de empalme entre los operadores, advierte que no existe claridad sobre los efectos con el negocio jurídico.

“Sigue preocupando el impacto de esta situación en el modelo financiero y en el proceso de empalme entre los operadores. El Distrito no ha explicado los fundamentos jurídicos, técnicos y financieros para iniciar un proceso de contratación sin tener una información certera sobre los bienes afectos a la concesión” se lee en el documento.

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Área de prestación del servicio: no hay un análisis sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el área rural, cuya definición será posteriormente concertada con el operador, encontrándose en estas zonas la población más vulnerable y requiriendo grandes inversiones.

Catastro de suscriptores: la realización del catastro de suscriptores se deja en manos del operador con base en la estratificación suministrada por el Distrito, estratificación que no se encuentra actualizada. La entidad territorial se ha limitado a manifestar que el catastro de s lo deberá realizar el operador, con lo cual no se ha dado una respuesta de fondo a la observación y recomendación de este organismo del control.

La responsabilidad del distrito de Riohacha

La Procuraduría deja en claro en su dura carta que no es co de los recursos ni puede intervenir directamente en el proceso licitatorio, sin embargo, dejar por sentado que el no cumplimiento de la normatividad istrativa podría derivar con daños irreparables.

“La ocurrencia de hechos que puedan vulnerar los derechos de las personas o amenazar el adecuado ejercicio de la función pública contribuyendo al mejoramiento de la gestión y la política pública; la vigilancia preventiva no implica la coistración o injerencia en las decisiones istrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades”.

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Indica por último la Procuraduría que se debe garantizar el servicio de acueducto en zonas rurales y urbanas.

“Será el Distrito, en ejercicio de su autonomía istrativa, el que deberá adoptar las medidas que encuentre necesarias, oportunas y legales, en aras de garantizar, en este caso en particular, que la prestación de un servicio público domiciliario en el Distrito de Riohacha se presente de manera eficiente y continua a toda la población”.