I rechazó argumentos de Nicolás Maduro para apelar investigación de crímenes de lesa humanidad

La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional  (I) citó los días 7 y 8 de noviembre, en La Haya, una audiencia sobre el caso Venezuela. Se trata de la diligencia que determinará lo que pasará con la investigación de los crímenes de lesa humanidad en ese país, y que fueron apelados a través de un recurso interpuesto por el gobierno de Nicolás Maduro.

Venezuela presentó este martes 7 de noviembre una apelación contra decisión de la I de reanudar investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno chavista en 2017.

Ya Venezuela en 2022 había solicitado que la I detuviera su investigación sobre la represión gubernamental de las protestas contra Maduro, en las que murieron más de 100 personas, argumentando que haría su propia investigación interna.

Pero los jueces de la I autorizaron en junio al fiscal Karim Khan para que reanudara la investigación, considerando insuficientes los procesos judiciales que exponía Venezuela.

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Los argumentos insuficientes de Venezuela ante la I

El gobierno de Maduro sostiene que Venezuela no podía investigar adecuadamente las acusaciones de Khan porque la información de la Fiscalía era demasiado imprecisa.

Los jueces de la I indicaron que "funcionarios de alto rango estarían en el centro de la investigación", agregó Ben Emmerson, uno de los abogados del gobierno de Venezuela.

Las acusaciones de la Fiscalía eran tan generales que era "imposible en cualquier sentido práctico que Venezuela respondiera como estaba previsto y se requería", dijo el abogado.

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Investigaciones por crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Karim Khan inició una investigación formal en noviembre de 2021 y firmó entonces un acuerdo con Maduro en el que Venezuela se comprometía a garantizar que el tribunal pudiera trabajar adecuadamente en el país. 

Posteriormente, en abril de 2022, Venezuela dijo que iniciaría sus propias pesquisas y pidió al tribunal que suspendiera la investigación.  Pero Khan pidió al tribunal en noviembre pasado que reanudara la investigación.

Desde 2017, más de 200 de la policía y el ejército han sido acusados o condenados por violaciones de los derechos humanos, anunció Caracas en abril del año pasado. 

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