SIC determinó las garantías que deben establecer Avianca y Viva Air a los s afectados

Este viernes la Superintendencia de Industria y Comercio estableció un esquema de garantías que deben adoptar las aerolíneas Avianca y Viva Air, con el objetivo de beneficiar a los consumidores y proteger la competencia, esto como parte de las condiciones para concluir la investigación que se adelanta en este despacho en contra de las dos empresas por presunta competencia desleal, luego del cese de operaciones de Viva hace casi dos meses.

Condiciones del esquema de garantías presentado por la SIC

• Impedir actuaciones conjuntas y coordinadas entre Avianca y Viva Air mientras la Aerocivil emite una decisión definitiva sobre la operación de integración. Esto incluye la remoción del cargo de manera inmediata y definitiva a aquellos funcionarios que generen vínculos entre las empresas, esto para evitar la sincronización en la competencia de las mismas.
• Como parte de las reparaciones a los s afectados Avianca y Viva Air deberán reembolsar el total del dinero pagado, más el valor IPC como compensación a los pasajeros, o, emitan un voucher por el 150% del valor total del tiquete que podrá ser redimido en esas aerolíneas.
• Estas medidas están encaminadas a que las dos aerolíneas implementen un programa de cumplimiento normativo que tenga como prioridad la protección de la competencia para evitar nuevos episodios de este tipo más adelante.
• Un auditor externo será el encargado de velar por el cumplimiento del esquema de garantías impuesto por la Superintendencia y deberá informar periódicamente el proceso de este.

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La investigación istrativa que lidera la Superintendencia en contra de la empresa Avianca, Viva Air y Viva Perú busca establecer si dichas compañías infringieron en prácticas de competencia desleal, sin embargo, accede a la finalización anticipada de las indagaciones si los señalados ofrecen garantías suficientes a los consumidores que generen mayores beneficios que los obtenidos en comparación de una sanción impuesta.

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Las tres compañías deberán cumplir a cabalidad las obligaciones emitidas mediante el esquema de garantías y el incumplimiento de alguna de las anteriores representa una violación al Régimen de Protección de la Competencia que, en consecuencia, podrían ser sancionadas con la imposición de multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009.