Futuro de Daniel Quintero estaría en manos de la Registraduría tras nueva intención de revocatoria

En las últimas horas surgió un nuevo elemento en la intención de revocar el mandato del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. 

Este lunes, el tribunal istrativo de Antioquia falló una acción de cumplimiento interpuesta por un abogado que establece un plazo de ocho días para que la Registraduría Nacional del Estado Civil le solicite al presidente de la República convocar una jornada electoral para que los paisas decidan si quieren o no que Daniel Quintero siga al frente de la istración.

Cabe mencionar que la Registraduría tiene la posibilidad de impugnar la decisión. 

La trayectoria de Daniel Quintero en la Alcaldía de Medellín

En mayo, la Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión de Daniel Quintero como alcalde de la ciudad por su presunta participación en actividades políticas. Tras esta decisión, Juan Camilo Restrepo, alto comisionado para la paz, fue designado como alcalde encargado de Medellín. 

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Sin embargo, Quintero, interpuso una tutela en contra de la decisión de la Procuraduría y el pasado 19 de junio, día en el que se desarrolló la segunda vuelta presidencial, retomó su cargo como representante de los paisas. 

A través de sus redes sociales, el mandatario de la capital antioqueña celebró su regreso a la Alcaldía y aseguró que “llegamos en el mejor momento, cuando Colombia está cambiando y tenemos muchas tareas por delante.

Proceso de revocatoria contra Daniel Quintero

Desde el año pasado, el comité de revocatoria contra Daniel Quintero viene realizando acciones para lograr que este sea separado de su cargo. 

Inicialmente, el comité debía recolectar un número específico de firmas para pasar ante la Registraduría la solicitud formal. Fue hasta el pasado 10 de noviembre que el comité logró entregar 305.000 firmas. 

Un mes después, la Registraduría avaló las firmas y entregó el informe detallado del manejo financiero del comité al CNE. 

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral se negó a certificar los estados contables argumentando que en ellos, no figuraba la totalidad de los aportes en dinero o en especie de cada persona natural o jurídica que se realizaron durante la campaña. 

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