Minjusticia sobre emergencia en Tuluá: “Desde luego esta situación fue provocada”

Un fuerte incendio y un intento de fuga se registró en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca, durante la madrugada de este martes 28 de junio. 

La emergencia, al parecer, habría sido provocada por varios reclusos del lugar. Según información de las autoridades ya son 51 personas las que murieron como consecuencia del incidente y 30 más resultaron heridas. 

En diálogo con Noticias RCN, el ministro de Justicia, Wilson Ruíz, habló sobre la información que tiene el Gobierno de la situación que se vivió en el establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Tuluá. 

“Desde luego esta situación fue provocada por una riña entre personas privadas de la libertad que se presentó en el patio número 8. Uno de los internos, desesperado, prendió fuego a una colchoneta y eso provocó una conflagración. El personal de guardia intentó controlar las llamas, pero tuvo que intervenir el cuerpo de Bomberos voluntarios de la ciudad”, señaló Ruiz.

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Al parecer, la cárcel de Tuluá no contaba con los implementos necesarios para reaccionar ante la emergencia y, además, la Defensoría aseguró que al interior del lugar había una sobrepoblación de 16.000 personas. 

“Yo lo he dicho en varias ocasiones, muchos centros de reclusión en el país son vetustos, este centro de reclusión tiene 60 años, pero quiero decir que ya nosotros estamos construyendo tres centros de reclusión de estructura rígida una en Sabanas de San Ángel para 1.925 internos, una en Riohacha para 1.700 internos y otra en Pereira para 1.500 internos y durante esta istración hemos entregado más de 3.000 cupos para todo el país. No podemos olvidar que logramos bajar el hacinamiento de 56.5% al 16.7% como hacia más de cuatro décadas no se presentaba”, agregó. 

¿Y la propuesta de Gustavo Petro sobre reformar el sistema carcelario?

“Precisamente considero que el reto que tiene el próximo Gobierno es seguir trabajando lo que nosotros llamamos la repersonalización o resocialización. Más del 50% de las personas privadas de la libertad en Colombia, que son condenados, se encuentran trabajando y estudiando. También es muy importante insistir a los alcaldes y gobernadores que se encarguen frente a los sindicados”. 

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