Otoniel no podría ser juzgado por delitos diferentes a los de narcotráfico en EE.UU, según la Corte

Mediante el concepto de extradición expedido por la Corte Suprema de Justicia este 6 de abril, correspondiente al caso de Darío Antonio Úsuga David, alias Otoniel, exjefe del Clan del Golfo, el tribunal dio las pautas que deberán respetarse en caso de que el capo sea trasladado hacia los Estados Unidos para responder ante la justicia de dicho país.

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Según la Corte, ‘Otoniel’ no podría ser juzgado por hechos diferentes a los que motivaron la solicitud de extradición por parte del gobierno estadounidense, es decir, los relacionados con conductas punibles de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico de estupefacientes.

Además, el alto tribunal fue enfático en señalar que alias Otoniel no podría ser sometido a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

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Entre las condiciones de la Corte también se establece que Úsuga no podría ser condenado dos veces por el mismo delito, aún cuando este se presente bajo una denominación jurídica distinta, por lo cual el gobierno y la justicia estadounidense deberán emitir copias de las sentencias o decisiones que se tomen alrededor del caso del exjefe paramilitar en razón de los cargos por los cuales se le juzga.

Delitos por los que debería responder en Colombia

Por otra parte, a alias Otoniel se le relaciona con delitos como homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, secuestro simple, secuestro agravado, terrorismo, concierto para delinquir, reclutamiento ilícito, tortura agravada, hurto calificado, uso de menores en la comisión de delitos, tráfico de estupefacientes, carnal violento en persona protegida, constreñimiento para delinquir y relación directa con la masacre de Mapiripán.

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Según la Fiscalía General de la Nación y la Interpol, Úsuga cuenta con 120 procesos abiertos por los que tendría que responder en territorio colombiano. Además, actualmente se encuentra colaborando con el tribunal de la JEP en casos relacionados con la violencia en el Urabá antioqueño y los nexos entre el paramilitarismo y la fuerza pública.