Procuraduría investiga a policías vinculados en las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza

La Procuraduría General investigará a seis uniformados de la Policía Nacional vinculados al caso de las interceptaciones ilegales contra Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de la actual directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Laura Sarabia.

La entidad informó de la apertura de una investigación disciplinaria contra los de la Policía, quienes participaron en las interceptaciones a las extrabajadoras de Sarabia, quien en enero del presente año denunció ser víctima de un robo de una alta suma de dinero en su apartamento.

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Las personas investigadas serán los mayores John Jairo López Tolosa y Luis Jeffersson Camacho Prada; el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza; el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y los patrulleros Dana Alejandra Canizales Bonilla y Jhon Fredy Morales Cárdenas.

Caso Laura Sarabia

Después de haberse conocido el hurto, se habrían dado las órdenes para que las líneas telefónicas de las exempleadas fueran interceptadas, esto pese a que realmente Meza y Perea no hacen parte de grupos armados.

"Al parecer, el 30 de enero de 2023 un integrante del Grupo Investigativo contra Estructura Delincuencia Organizada GREDO, solicitó al Fiscal 191 DECOC Quibdó la interceptación de las líneas telefónicas de alias 'La Cocinera' y alias 'La Madrina' indicando que posiblemente eran integrantes del Clan del Golfo, según informe de una fuente de información no formal", informó la Procuraduría.

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La entidad investigará, en particular, la expedición de documentos institucionales que habrían faltado a la verdad e incumplieron los protocolos institucionales relacionados con las interceptaciones.

"Para la recepción y análisis de comunicaciones interceptadas por orden judicial y demás funciones establecidas en las resoluciones emitidas por la Policía Nacional", informó la Procuraduría.

Fiscalía imputó a los uniformados de la Policía

El pasado 31 de agosto la Fiscalía General capturó a los acusados a quienes les imputó los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y falsedad en documento público.

"La Procuraduría solicitó a la Policía Nacional, entre otros documentos, las funciones específicas que cumplían los investigados al momento de los hechos, así como los documentos e informes presentados sobre las actividades investigativas, verificaciones y demás actividades relacionadas con sus funciones", concluyó el órgano de control.