Denuncian presencia de Los Rastrojos en Cúcuta y Puerto Santander

Con respecto a los recientes hechos de violencia que se han registrado en el sector rural de Cúcuta y Puerto Santander,  principalmente en los corregimientos de Palmarito y Banco de Arena, Buena Esperanza, Agua Clara y Guaramito, la Fundación Proseguir expresó que en la región delinquen individuos de Los Rastrojos, quienes han sembrado el terror de los habitantes.

"Desde el mes de febrero denunciamos la presencia del grupo paramilitar de Los Rastrojos, en los sectores rurales de Cúcuta y Puerto Santander a raíz de las operaciones de desalojo realizadas por el gobierno venezolano en los municipios de Boca de Grita y Orope", dijo la fundación.

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También precisa que la organización criminal ya ha sido denunciada en repetitivas ocasiones por cometer graves violaciones a los derechos humanos contra de la población civil, incluso, Proseguir acusa a Los Rastrojos de tortura, desmembramiento, desapariciones forzadas, desplazamiento, masacres, reclutamiento de menores y amenazas contra la comunidad.

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"Instalan retenes ilegales sobre las vías principales, trochas o pasos ilegales de contrabando hacia y desde Venezuela sobre los ríos Guaramito y La Grita, imponiendo restricciones a la movilidad y exigiendo el pago de cuotas por el tránsito. Han masificado el cobro de cuotas extorsivas a propietarios de fincas, parcelas y comerciantes formales e informales en general".

La organización aseguró que desde el pasado 5 de agosto la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana, incluyendo a los corregimientos de Palmarito y Banco de Arena como zonas de riesgo en el accionar violento de varios grupos armados ilegales, entre los cuales se encuentra el grupo paramilitar de Los Rastrojos.

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Una de las denuncias más recientes, es que desde el lunes 14 de diciembre hacen presencia, presuntamente, en los corregimientos mencionados alrededor de 100 hombres fuertemente armados, que estarían distribuidos en varios grupos, los cuales se han identificado como de los Rastrojos.

"Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional especialmente a la señora ministra del Interior Alicia Arango Olmos; a la consejera presidencial para los Derechos Humanos Nancy Patricia Gutiérrez; al señor defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, y al procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, para que en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales se tomen de manera inmediata medidas efectivas que protejan y salvaguarden los derechos fundamentales de estas comunidades", agrega el informe.