¿Decreto de la consulta popular rompe la institucionalidad en el país?
El decreto que firmó el presidente Gustavo Petro para convocar la consulta popular es considerado por analistas como ilegítimo.
En las últimas horas, el Gobierno Nacional presentó el decreto que convoca la consulta popular que, según las cuentas del Gobierno Nacional, sería el próximo 7 de agosto.
Esta jugada del gobierno Petro llevó a la radicación de varias demandas frente a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado y demás instituciones. Analistas de La Mesa Ancha coinciden en que jurídicamente esta situación no está ajustada al marco jurídico porque se habría pasado por encima el Congreso de la República que ya le había dicho no a la iniciativa.
Al mismo tiempo que cuestionan si este era el momento adecuado para presentar el decreto, en medio de la delicada situación de orden público y el atentado del que fue víctima el precandidato presidencial de la oposición, Miguel Uribe Turbay.
¿El gobierno desafía la institucionalidad con decreto de la consulta popular?
El gobierno convoca a través de un decreto la consulta popular que fue tumbada en el Congreso, para el 7 de agosto. Este anuncio tiene una serie de implicaciones para la democracia del país.
Mateo Amaya calificó esta jugada del presidente Petro como un acercamiento al rompimiento de la democracia:
Es una manera ilegal lo que está haciendo el gobierno. Es una concentración de poder (…) acercándonos un poco a este peligro de lo que es la dictadura.
Por su parte, Juana Afanador explicó que “el decreto es una actitud muy dudosa y su legitimidad pone en gran duda porque se desconoce la decisión del Congreso”.
Julio César Iglesias se centró en los procesos de cómo el gobierno está manejando el país: “pase lo que pase, se rompe un principio, digamos, de buena fe que uno tiene en los gobernantes.
Es un hombre fuerte tratando de romper las instituciones hasta que se rompen, hasta que no aguantan. Y este juego es muy peligroso para el futuro de Colombia.
¿La consulta popular como excusa para hacer política?
Juana Afanador citó las palabras de Jorge Iván Cuervo, quien como abogado analizaba el panorama y explicaba que “la expedición del decreto no traerá efectos inmediatos. Esto va a terminar en una cosa muy sencilla, muy probablemente, y es que se va a demandar, se pide la suspensión y hasta ahí llega la aventura.
Por otro lado, iglesias indicó que “el propósito de la consulta popular no es desarrollar la reforma laboral. Eso es una excusa porque es casi imposible que se logre el quórum y el número de votos de esta consulta popular”.
El propósito es poder sacar al gobierno a hacer política, movilizar enormes recursos en medio de una crisis fiscal para hacer política electoral, para que el Pacto Histórico siga en el poder.