Ecos internacionales: grupo de congresistas de EE.UU. condenó abusos de la Policía en Colombia

A través de una misiva firmada por cerca de 50 congresistas estadounidenses, de esa institución se manifestaron preocupados por la situación política y de Derechos Humanos que se vive en Colombia por cuenta de las sostenidas jornadas de manifestaciones en el marco del Paro Nacional.

En la carta manifiestan el rechazo por los repetidos casos de violación a los Derechos Humanos por parte de de la Fuerza Pública colombiana, haciendo referencia puntual a los efectivos de la Policía Nacional, y al Escuadrón Móvil Antidisturbios, afirmando su rechazo a las imágenes que han circulado donde se evidencian aparentes abusos de autoridad en el marco de la represión a los actos violentos que empañan la manifestación social derivada del descontento generalizado de los ciudadanos.

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“Lo que dice EE.UU. tiene peso en Colombia, igual que lo que no dice”, afirman los congresistas en la carta, exhortando a que, “si bien Estados Unidos no puede resolver esta crisis, debería ser parte de la solución”, por lo cual llaman a que se suspendan las ayudas directas entregadas por ese país a instituciones como la Policía “hasta que veamos mejoras reales en el uso de la fuerza y la responsabilidad judicial por casos de brutalidad”. Señalan la pertinencia de continuar con la ayuda traducida en capacitaciones en materia de respeto a los DD.HH.

Los políticos, que hacen referencia al informe de la Defensoría del Pueblo en la que se cifra en 42 los muertos en el marco de las confrontaciones armadas, también rechazaron un reciente enfrentamiento en el que se vieron involucrados de las organizaciones indígenas, afirmando que los Policías habrían arremetido contra “desarmados”.

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Precisan que desde la alta esfera del poder de EE.UU. como la presidencia y la Secretaría de Estado se debe instar a la salida dialogada, pronunciándose para pedir el “fin del uso indebido de la fuerza”, congelando a su vez la venta de armas, equipos y servicios direccionados al Escuadrón Antidisturbios, afirmando que este no solo viola las leyes colombianas, sino también la legislación internacional en materia de derechos humanos.

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Referencian a su vez las denuncias hechas por la Oficina de la Alta comisionada de DD.HH. de la ONU en Colombia, quien incluso señaló en su momento intimidaciones en contra de sus funcionarios durante labores de campo en Cali.

Dentro del pliego de peticiones que componen la carta dirigida al secretario de Estado, Antony John Blinken, los legisladores piden al Gobierno de su país que se manifieste frente al llamado a la militarización de las ciudades y que rechace los pronunciamientos de funcionarios colombianos que infieran que las protestas y los actos de vandalismo dentro de estas son planificados y coordinados por grupos terroristas.

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Para los firmantes, “tal retórica sirve como un pretexto peligroso para justificar una represión y una escalada de violencia aún más duras contra la población civil”.

De igual modo, aplauden los intentos de instaurar una mesa de diálogo entre el ejecutivo colombiano y los líderes de la protesta social.

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En el grupo de firmantes se destacan algunos representantes a la Cámara adscritos al partido Demócrata como  James P. McGovern, Mark Pocan, Raúl M. Grijalva y Jan Schakowsky

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