Bancada de Gobierno ultima detalles de lo que sería la ley de sometimiento para grupos armados

El Gobierno Nacional y del Congreso de la República avanzan para ultimar los detalles de la ley de sometimiento que se implementaría con los grupos criminales del país, en el marco de la paz total propuesta por el presidente Gustavo Petro.

Junto al ministro de Justicia, Néstor Osuna; la Fiscalía General de la Nación, la Comisión de Paz del Congreso, el Centro Internacional para la Justicia Transicional, el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda y los delegados de paz del Gobierno, se gestó una reunión el miércoles 31 de agosto para estudiar los detalles del nuevo proyecto.

Tal y como informó el presidente del Senado, Roy Barreras, a través de su cuenta de Twitter, el encuentro estuvo enfocado en revisar el proyecto de sometimiento que aplicaría a los grupos armados organizados del país.

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Barreras además contó que, hasta el momento, hay coincidencias y diferencias en este borrador que aún se encuentra en construcción y en el que han cooperado el senador Iván Cepeda, asesores y del Centro Internacional para la Justicia Transicional.

Seguimos avanzando. Primer propósito parar la muerte. Salvar vidas. Desarmar violentos. Recuperar jóvenes del “mercado laboral de la violencia”. Recuperar bienes del mal para invertirlos en el bien.

¿Qué busca el Gobierno?

Según aseguró una fuente a RCN Mundo, el Gobierno Nacional estaría en la búsqueda de un acuerdo con los distintos sectores políticos, judiciales, militares y civiles, para lograr materializar la propuesta de paz en el menor tiempo posible.

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Esta ley de sometimiento iría de la mano de la ley de orden público radicada ante el Congreso en días anteriores, con la que se espera facultar al presidente para adelantar los diálogos necesarios con los grupos criminales para poner en marcha la propuesta de paz total.

Dicha reforma, planteada con el fin de implementar la paz como una política de Estado, debería ser aplicada y puesta en marcha por Gobiernos futuros.  Este carácter vinculante de la ley fue explicado por el ministro Alfonso Prada, como una herramienta para asegurar el progreso de los acuerdos de paz en el país, y su cumplimiento al ser un derecho y un deber constitucional.

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