Acusan a dragoneante del Inpec de haber participado en agresiones contra Jineth Bedoya

El dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Marco Javier Morantes Pico, fue acusado por la Fiscalía como presunto responsable del delito de secuestro simple agravado, en el marco de los hechos violentos de los que fue víctima la periodista Jineth Bedoya Lima, el 25 de mayo de 2000.

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Según el ente acusador, la investigación constató que Bedoya llegó en su momento a la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá para realizar una entrevista a Mario Jaimes Mejía, alias Panadero, un exintegrante de las extintas AUC.

“En la puerta del centro penitenciario fue atendida por el hoy procesado, quien estaba encargado del filtro de y, supuestamente, la mantuvo en espera durante casi media hora”, detalló la Fiscalía.

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Al parecer, el dragoneante Morantes Pico le aseguró a la periodista que su ingreso estaba autorizado y que debía esperar la boleta de entrada, sin embargo, y de acuerdo con el ente investigador, “dicho aval no existía” y la demora tendría como propósito que Jineth Bedoya quedara sola para ser abordada por un hombre armado que la subió a un carro para llevarla contra su voluntad a una bodega.

Estando allí, la víctima fue retenida, torturada y abusada sexualmente. Tras las agresiones, un grupo de personas la llevó hasta Villavicencio, Meta, donde fue abandonada en plena vía pública.

El fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos a cargo del caso estableció que “esta acción fue planeada por exintegrantes de las AUC y narcotraficantes privados de la libertad, con apoyo de algunos funcionarios de la fuerza pública y del INPEC”.

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Según determinó, estas personas actuaron en retaliación por las publicaciones que hacía Bedoya sobre varios hechos criminales que tenían lugar al interior del establecimiento carcelario.

Por lo anterior, las autoridades confirmaron la medida no privativa de la libertad contra Marco Javier Morantes Pico, y se hizo una alerta a Migración Colombia para garantizar que esta persona no salga del país y comparezca a los requerimientos judiciales.